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Entre los funcionarios del gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010) imputados por cuasidelito de homicidio figuran el exsubsecretario del Interior Patricio Rosende y la exdirectora de la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) Carmen Fernández.

En la causa se han interpuesto 60 querellas por supuestas responsabilidades de quienes dirigían el Ministerio del Interior, la Onemi y el Servicio Hidrográfico de la Armada de Chile, cuando sobrevino el maremoto.

Al ingresar hoy al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, donde transcurre la citada audiencia, la exdirectora de la Onemi manifestó haber cumplido responsablemente con su deber en febrero del 2010. Rosende también defendió su inocencia.

Sobre el caso judicial que acapara la atención de la prensa chilena este lunes, el senador y fundador del Movimiento Amplio Social, Alejandro Navarro, advirtió que a nivel regional también hubo graves negligencias en autoridades que llamaron a la gente a volver a sus casas, donde instantes después encontraron la muerte.

El parlamentario llamó, no obstante, a que la investigación no se convierta en un acto de atribución política a la exmandataria chilena. Sería un grave error, dijo.

Aquí Bachelet recibió una Onemi que es la misma de hoy, con irregularidades e incapacidades y sin posibilidades aún de poder enfrentar un desafío como el del 2010, consideró Navarro.

El legislador opinó asimismo que las familias cuyos seres queridos perdieron la vida deben ser debidamente indemnizadas y las responsabilidades políticas y penales seriamente establecidas.

En el tsunami del 2010 en Chile, que sucedió a un terremoto de 8,8 grados en la escala de Richter, murieron 156 personas y otras 25 siguen reportadas como desaparecidas.(APF.Mercosur)