POLITICA


El Tribunal de Cuentas de Brasil recomendó al Congreso que rechace el balance 2014 del gobierno por irregularidades



Fecha: 08/10/2015   13:15

- El Tribunal aconsejó al Congreso que rechace los balances del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, porque en ellos se cometieron "graves ofensas" a la Ley de Responsabilidad Fiscal y se violó de forma "sistemática" las reglas de transparencia y gestión fiscal


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Los miembros del tribunal acompañaron por unanimidad la recomendación del juez instructor del caso, Augusto Nardes, quien encontró indicios de irregularidades en 15 puntos de las cuentas públicas.

Nardes estimó que se omitieron del balance deudas por una suma equivalente a 27.300 millones de dólares, lo que llevó al gobierno a justificar políticas expansivas insostenibles cuando debería de haberse esforzado en contener el gasto público.

Entre las irregularidades señaladas por el TCU figuran la apertura de créditos sin autorización del Congreso, la omisión de la contabilidad de deudas ya contraídas y unas polémicas maniobras realizadas con el objetivo de reducir el cálculo del déficit fiscal.

Las maniobras fiscales consistieron en retrasar el pago de fondos destinados a los programas sociales gubernamentales a los bancos públicos que los gestionan, lo que permitió al Ejecutivo reducir en unos 1.795 millones de dólares el déficit fiscal, que fue récord el año pasado a pesar de ese ardid.

Los bancos debieron costear los programas con sus propios fondos, lo que el juez instructor consideró equivalente a la concesión de "créditos ocultos" al Ejecutivo, algo que está prohibido por la legislación vigente.

Es la primera vez desde 1937 que el TCU dictamina la reprobación del balance de las cuentas públicas de un gobierno, aunque la aprobación o el rechazo de ellas es una atribución exclusiva del Congreso.

Si el parlamento sigue la recomendación del TCU y rechaza las cuentas públicas, podría imputarle a Rousseff y a otros miembros de su gabinete el delito de incumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Los llamados "delitos de responsabilidad" son uno de los presupuestos que la Constitución contempla como motivo suficiente para abrir un juicio político con miras de destitución del jefe del Estado.

Paralelamente, la Cámara de Diputados tiene en estudio 10 solicitudes de la oposición para la apertura de juicio político a la mandataria, y varias de ellas citan las maniobras fiscales señaladas en el dictamen del TCU.

Antes de la votación sobre las cuentas públicas, los miembros del TCU resolvieron, también por unanimidad, que Nardes -impugnado el domingo pasado por el Poder Ejecutivo- no incurrió en conducta irregular y debía seguir como instructor del caso.

Más temprano, Rousseff criticó a los "golpistas" que cuestionan a su gobierno y aseguró que veía "luz al final del túnel", luego de que el Tribunal Superior Electoral (TSE) le abriera un proceso por supuestas irregularidades en la última campaña proselitista.

"La democracia brasileña es fuerte y suficiente para prevenir que variantes golpistas tengan espacio en el escenario político brasileño", afirmó la presidenta en una entrevista con dos radios del estado nororiental Bahía.

Rousseff criticó a los "golpistas" que buscan anticipar su salida del gobierno, pidió "imparcialidad" a los jueces, admitió la crisis, dijo que veía "luz al final del túnel" y se mostró confiada en que el Congreso "demostrará su compromiso con el país" y mantendrá los vetos que ella impuso a leyes aprobadas en el parlamento y que aumentarían el gasto público que el gobierno intenta reducir al mínimo.

El TSE, órgano del Poder Judicial, aceptó ayer reabrir una investigación sobre supuesto financiamiento ilegal de la campaña electoral de Rousseff en 2014.

Si el tribunal condenara a la mandataria y a su vicepresidente, Michel Temer, del aliado Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), su victoria quedaría impugnada, según lo pregona el opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).

En ese caso, debería asumir el presidente de la Cámara de Diputados, el tercer cargo en la línea sucesoria, quien debería convocar a nuevas elecciones. Se trata de Eduardo Cunha, también del PMBD pero que recientemente pasó a la oposición luego de que fuera denunciado por corrupción en el caso Petrobras y a quien parlamentarios le pidieron su renuncia.

Cunha descartó que vaya a renunciar: "En ninguna hipótesis; no hay la menor posibilidad de que renuncie, de que solicite una licencia o de cualquier cosa parecida", afirmó a periodistas.

Apenas un rato después de que se conociera la resolución del TSE, Rousseff reclamó a los jueces que actúen con "imparcialidad en los juzgamientos" y se mostró confiada en que el Congreso "demostrará su compromiso con el país".

Para la mandataria, cuyos índices de popularidad se encuentran en mínimos históricos, "es muy importante que las personas coloquen los intereses de Brasil encima de sus intereses, de los intereses partidarios".

Para intentar sortear estas dificultades, Rousseff cedió poder a través de una reforma ministerial a su aliado PMDB, para intentar sumar apoyo en el Congreso, erosionar la base parlamentaria del juicio político y armonizar el vínculo entre el Ejecutivo y Legislativo. (APFMercosur)


Fuente:  Brasilia, 08 oct (APFMercosur)









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