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Tras crimen de una beba, Chile debate la pena de muerte
 Santiago, 14 feb (APFMercosur)  Fecha Actual: 23/02/2018 5:08:20 
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- Fue derogada hace 17 años, pero el asesinato de una beba la puso otra vez en el tapete: un grupo de parlamentarios de derecha le está pidiendo al presidente electo, Sebastián Piñera, que convoque a un plebiscito sobre el tema


 
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La pena de muerte en Chile, derogada hace 17 años y aplicada por última vez en 1985, parecía historia pasada hasta que el asesinato de una beba en el sur del país la puso otra vez en el tapete: ahora un grupo de parlamentarios de derecha le está pidiendo al presidente electo, Sebastián Piñera, que convoque a un plebiscito sobre el tema.

"Hay personas que no merecen ser alimentadas y encarceladas, porque el nulo respeto a la vida no permite otra opción que la de pagar con su vida los atroces delitos cometidos", indicaron en una carta cinco diputados de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI).

La iniciativa fue una reacción a la muerte de Sophia Ríos, una beba de un año y 11 meses de edad que falleció a fines de enero en la ciudad de Puerto Montt, a unos 1000 kilómetros al sur de Santiago, como consecuencia de los supuestos reiterados golpes y abusos de su padre.

En la misiva, los diputados le piden a Piñera, quien asumirá presidencia el próximo 11 de marzo, que convoque a un plebiscito donde los chilenos se pronuncien sobre el restablecimiento de la pena de muerte.

"Queremos manifestar nuestra voluntad de que usted, dentro de sus atribuciones, evalúe la posibilidad de someter a una consulta no vinculante a la sociedad chilena respecto de la reposición de la pena de muerte, pero de manera restringida a los delitos de extrema gravedad y cometidos con una crueldad insana", expresaron los parlamentarios.

La solicitud despertó controversia y un flanco de división en la coalición de derecha Chile Vamos, que lidera Piñera. Varios parlamentarios y miembros de ese sector expresaron su oposición al restablecimiento de la pena capital.

"Pasar a la pena de muerte es muy contradictorio con aquellos que hemos defendido la posición de que la dignidad humana es una y que nadie (ni de manera individual ni colectiva) puede decidir qué vidas vale la pena que sigan viviendo y cuáles no", afirmó el diputado de la UDI, Jaime Bellolio, a radio "Cooperativa".

"Chile Vamos ha fijado su posición de no querer volver a esa sanción. Por eso no se contempla en el programa de Gobierno del presidente Sebastián Piñera", dijo por su parte el secretario general de la UDI, Pablo Terrazas, en declaraciones reproducidas por el diario La Tercera.

En tanto, Paula Narváez, vocera del Gobierno saliente de Michelle Bachelet, dijo que esperan que se apliquen "las penas más altas" contra el agresor de Sophia, pero clarificó que "la pena de muerte no resulta ser una medida disuasiva".

Los críticos a la propuesta de reponer la pena de muerte aseguran que es legalmente inconducente debido a que Chile firmó acuerdos internacionales que la rechazan, como el Pacto de San José de Costa Rica.

"A los diputados UDI que piden reponer la pena de muerte, o son ignorantes, por no conocer prohibición a partir de límite de artículo 5 inciso segundo de la Constitución, o populistas, al proponer algo que saben imposible", dijo el senador del oficialista Partido por la Democracia (PPD, centroizquierda) Felipe Harboe, en referencia al fragmento de la Carta Magna que establece la defensa de los derechos humanos, amparados por la Constitución y los tratados internacionales vigentes.

La pena de muerte fue derogada en 2001 por el entonces presidente Ricardo Lagos. La legislación reemplazó esa sanción por el presidio perpetuo calificado, que ordena que el condenado no pueda optar a libertad condicional hasta que cumpla 40 años en prisión. Sin embargo, en la justicia militar, la pena capital sigue vigente para tiempos de guerra.

La última vez que se aplicó la pena de muerte en Chile fue el 29 de enero de 1985, en plena dictadura militar, cuando fueron fusilados dos ex miembros de Carabineros, la policía uniformada. Jorge Sagredo y Alberto Topp fueron condenados por diez asesinatos y cuatro violaciones, la mayoría de los crímenes cometidos en la ciudad de Viña del Mar (a 120 kilómetros de Santiago).

El caso de Sophía

Sophía Ríos fue golpeada y abusada sexualmente en el sector de Alerce en Puerto Montt, región de Los Lagos. El autor del hecho fue Francisco Ríos de 26 años, quien es pareja de la madre de la beba.

El crimen habría ocurrido cuando la pequeña quedó bajo el cuidado del hombre. El sujeto registraba antecedentes por violencia intrafamiliar, lesiones graves en el contexto de violencia intrafamiliar y portación de arma blanca.

La pareja llegó hasta el servicio de urgencias de un hospital con la menor inconsciente. De manera inmediata el personal médico comenzó las labores de reanimación y 17 minutos más tarde se constató la muerte de la niña.

En un primer momento, el acusado y la madre de la víctima señalaron que ésta había caído en el baño de la vivienda. Sin embargo, los médicos se dieron cuenta que presentaba múltiples lesiones, quemaduras atribuibles a terceros y signos de asfixia por estrangulación.

Asimismo dio a conocer que la data de muerte de la pequeña era de 4 horas antes de llegar al centro asistencial.

Pero hubo otro giro en el hecho. Francisco Ríos, en un momento sindicado como el padrastro de la menor, sería su padre biológico, por lo que el detenido pasaría de enfrentar los cargos de homicidio a parricidio.

Al momento de ser arrestado la gente se indignó al enterarse de los antecedentes penales de Ríos. En diciembre del 2012 "fue detenido por golpear a su pareja. Recién en febrero del 2013 fue formalizado por lesiones menos graves en contexto violencia intrafamiliar (VIF). Un mes después se aprobó la suspensión condicional del caso, posiblemente por retractación de víctima".

Meses después, en mayo de 2013, fue detenido nuevamente por VIF, luego de golpear hasta casi matar a otra mujer en Puerto Montt, dejándola en grave estado. En mayo de 2014 lo condenaron a un año de presidio menor por lesiones graves en contexto de VIF. Sin embargo, se le aplicó una medida sustitutiva: un año con prohibición de acercamiento y portación de arma.

El 29 de enero de 1985, en plena dictadura militar, fueron fusilados (imagen del momento) dos ex miembros de Carabineros, la policía uniformada. Jorge Sagredo y Alberto Topp. Habían cometido diez asesinatos y cuatro violaciones.

En agosto de 2014 la Fiscalía investigó a Ríos por abuso sexual y agresiones físicas contra una adolescente. La causa no prosperó por retractación de la víctima. Luego, en diciembre de 2015 "nuevamente golpeó de pies y puños a su conviviente. Luego de golpearla, la arrastró hasta la calle y la amenazó de muerte. La audiencia nunca se realizó porque Ríos estaba prófugo. Al año la causa se sobreseyó por retractación de la víctima.

Pese a que ya por lo menos existían cuatro casos de mujeres agredidas, en junio del 2017 "la madre de una nueva pareja de Ríos denunció a Carabineros la violencia que sufría su hija, quien no podía casi salir de su casa, sometida a violencia física, psicológica y sexual. La Fiscalía simplemente decretó el sobreseimiento definitivo de la causa". (APFMercosur)


 

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