YPF: esperar, un leve guiño de Preska a la Argentina

Según destaca Ámbito Financiero, el especialista y director de FinGuru, Sebastián Maril, el jueves pasado “la Corte de Apelaciones decidió que la sentencia quede firme sin esperar al máximo tribunal”. Ante esta acción, Argentina presentó una moción de emergencia en la Corte de Apelaciones pidiéndole que reconsidere la sentencia. Ayer Preska determinó que se esperará a que la causa termine sus tiempos procesales. Pero dejó también claro que una vez que éstos terminen, de confirmarse la sentencia negativa para la Argentina, se obligará a las partes a negociar los términos de pago. Según los cálculos actuales, la causa implicaría para el país la necesidad de liquidar unos u$s3.500 millones.

Según explicó Maril, tras la demanda por parte de la empresa española Petersen (hoy propiedad e Burford y sin injerencia del grupo local Petersen) ante el juzgado de Preska (ex Thomas Griesa) “YPF violó las leyes del prospecto determinadas en la privatización de la empresa petrolera, por lo tanto es culpable en esta instancia”, de acuerdo con el fallo de la jueza. La causa comenzó en 2015, a partir de la compra a los tribunales españoles del juicio por la reestatización de YPF por parte de Burford, que llevó la causa al juzgado de Preska, donde Argentina ya sufría las vicisitudes de la causa contra los fondos buitre. En total, Burford compró por un monto secreto el 25% del caso, propiedad original de Petersen Energía y Petersen Energía Inversora; dinero que quedó depositado en los tribunales españoles donde comenzaba a litigarse por la manera en que el Gobierno de Cristina de Kirchner reestatizó la petrolera. Sucede que en el prospecto de privatización se establecía que si el país definía una renacionalización de la empresa, la misma oferta debía concretarse para el resto de los accionistas de la petrolera. Por decisión expresa y pública del entonces ministro de Economía Axel Kicillof, la operación sólo alcanzó al 51% de las acciones de Repsol, dejando fuera al 49% restante de accionistas. El 25% lo tenían Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, originalmente propiedad de la familia local Eskenazi, pero que al momento del inicio de la causa ya habían derivado las acciones a los tribunales españoles al no poder hacer frente a los pagos de la compra del paquete pactado con el Gobierno argentino. Burford consideró que haber dejado fuera las acciones de las empresas Petersen podría representar una causa contra el país, y negociaron en 2015 la compra del paquete ante la Justicia española. Luego llevaron la causa a Preska, y ahora esperan el momento de la definición para comenzar a negociar el pago por parte del Gobierno argentino. (APFMercosur)