Grave: el Supremo desafía ahora a Bolsonaro por ocultar las muertes por Covid-19

La decisión política de retacear y hasta ocultar los datos de muertes por Covid-19 provocó una lluvia de críticas al presidente Jair Bolsonaro, entre las que se destacó la de un juez del Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, quien habló incluso de una posible acción de “genocidio” en el marco de la pandemia y aseguró de que “hay que de dejar de jugar a la dictadura”.

El ministro de la máxima corte de Brasil se expresó a través de su cuenta de Twitter y concedió entrevistas de prensa, y en todos esos ámbitos sorprendió por su dureza.

Opositores y expertos acusan a Bolsonaro de querer ocultar a gravedad de la pandemia de coronavirus en Brasil.

Pero Mendes no se detuvo en eso. También concedió una entrevista al diario O Estado de São Paulo en la que señaló que es necesario “dejar de jugar a la dictadura”.

El magistrado advirtió que el “silencio” o la “inercia” de los brasileños ante las posiciones antidemocráticas del entorno presidencial van a hacer que “dentro de poco pueda ser tarde” para salvar las instituciones.

Lo interesante es que Mendes había salido al cruce de definiciones de la semana pasada por uno de sus colegas, Celso de Mello, decano del Supremo, quien habló en una serie de mensajes de WhatsApp dirigidos a sus pares sobre el peligro de que Bolsonaro sea un Hitler en potencia y que la República corre hoy los mismos riesgos que la alemana de Weimar a comienzos de los años 30. En esa ocasión, Mendes había llamado a la mesura, pero en sus declaraciones a O Estado se alineó con De Mello. Así, consideró esos dichos un “alerta” para la sociedad.

El Supremo tiene en sus manos una serie de investigaciones potencialmente peligrosas para Bolsonaro. Una es la referida a la usina de noticias falsas atribuida a uno de los hijos del presidente, Carlos Bolsonaro, supuesto cabecilla de la “oficina del odio”, desde la que se difunden calumnias y ataques contra jueces, opositores y detractores en general.

Asimismo, investiga la acusación del exjuez y exministro Sergio Moro, según quien Jair Bolsonaro cambió a la cúpula de la Policía Federal para obstaculizar pesquisas contra su familia y algunos amigos.

Esos procesos podrían derivar en un procedimiento de destitución si la Cámara de Diputados votara una suspensión del presidente.

Por otro lado, ese cuerpo también podría dar luz verde a alguno de los más de 30 pedidos de juicio político ya presentados contra el jefe de Estado. Su titular, Rodrigo Maia, destratado en los últimos días repetidamente por el presidente, sus allegados y simpatizantes, dijo el fin de semana que “en su debido momento” decidirá si admite esas presentaciones para su tratamiento por parte de los legisladores. La última polémica se vincula con el ocultamiento de las muertes por Covid-19 en Brasil.

En efecto, los habituales informes diarios desaparecieron de las cuentas del Ministerio de Salud en las redes sociales, los que ahora mutaron a unos nuevos, de tono optimista, como el “tablero de la vida”, en el que se informan los contagios totales y las personas ya curadas, sin menciones a fallecidos.

El proceso de cambio se fue dando en los últimos meses, sobre todo después de que Luiz Henrique Mandetta, un político y médico respetado, renunció al Ministerio de Salud. Su reemplazante fue Nelson Teich, supuestamente alguien de mayor confianza de Bolsonaro, pero también dimitió a los 28 días de haber asumido por los permanentes avances inconsultos del presidente sobre sus atribuciones.

La cartera hoy está en manos de un general, Eduardo Pazuello, aunque con carácter interino.

El propio presidente, por otra parte, reconoció que los informes sobre el Covid-19 se fueron presentando cada vez más tarde para evitar que las cifras fueran presentadas en el noticiero central de la cadena Globo. Esta, sin embargo, sigue presentando cada noche las estadísticas sobre la base de consultas con los gobiernos estaduales.

Ante esto, la Procuración General de la República intimó a que Pazuello presente en un plazo de 72 horas una declaración explicando el cambio de criterios, que incluirá, según otras fuentes gubernamentales, un recálculo a la baja de las víctimas fatales.

El Gobierno afirma que las muertes por Covid-19 fueron infladas por las gestiones de Salud anteriores, pero la sospecha generalizada es que, en verdad, han sido ampliamente subestimadas, dado que muchos decesos fueron catalogados como producto de infecciones respiratorias no determinadas. Las fosas comunes que debieron abrirse en distintos cementerios de Brasil para responder al incremento súbito del número de muertos son indicio de esto.

Tan poco fiables son las estadísticas que la prestigiosa universidad estadounidense Johns Hopkins decidió retirar a Brasil de sus registros sobre todos los países del mundo. Así, la cantidad de muertes, que se aproximaba a 400.000, pasó a unas 362.000.

De acuerdo con lo divulgado el sábado, Brasil registró en las 24 horas previas 904 muertes más, lo que llevó el saldo total de decesos a 35.930. En los últimos días, el país llegó a registrar un récord de 1.473 fallecimientos el 4 de junio. Ya es el segundo en contagios detrás de EE.UU.

Desde el comienzo de la pandemia, Bolsonaro insistió en negar su gravedad, socavó con palabras y con hechos las cuarentenas decididas por gobernadores y alcaldes, insistió en normalizar la vida económica a pesar de la diseminación del mal y hasta generalizó por decreto el uso de un medicamento, la hidroxicloroquina, para su tratamiento, en contra de la evidencia científica.

Asimismo, violó la cuarentena que debió seguir por haber estado en contacto con personas contagiadas y encabezó manifestaciones que violaron todas las recomendaciones de distanciamiento social. Es más, en ellas, sus partidarios reclamaron una intervención militar, el cierre del Supremo y del Congreso, consignas que el mandatario nunca desautorizó.

“No es cuestión de preguntar si habrá ruptura (institucional), sino solo de cuándo se va a producir”, dijo hace pocos días otro hijo del mandatario, el diputado Eduardo Bolsonaro.

Las últimas acciones del Gobierno y las declaraciones de los jueces De Mello y Mendes harán recrudecer el conflicto de poderes que tiene al país en vilo. (APFMercosur)