La justicia boliviana aceptó analizar la suspensión de las elecciones regionales

"Como candidato a alcalde de La Paz interpuse Acción Popular a objeto de suspender las elecciones subnacionales por la alta tasa de contagios en Bolivia. Pido a todos estar atentos a la realización de la audiencia que de seguro salvará vidas", aseguró el demandante y exdiputado Amílcar Barral en una conferencia de prensa.

El candidato a jefe municipal por el Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-Bol) indicó que fue notificado de que la audiencia que dictaminará sobre su demanda de aplazamiento electoral se realizará el próximo lunes 8 de febrero.

Deberán presentarse a la audiencia el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, y los líderes de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, y de Diputados, Freddy Mamani, y exponer si existen garantías sanitarias para continuar con las elecciones, reportaron medios locales y la agencia de noticias Sputnik.

La demanda judicial de Barral se hace eco de un malestar compartido por muchos partidos y candidatos de la oposición, que se declararon insatisfechos con las garantías brindadas por el TSE, institución que prometió mejorar las medidas de bioseguridad en comparación a las de los comicios generales de octubre pasado.

El gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) rechazó los pedidos de aplazamiento de las elecciones regionales y a cambio respaldó la posición del TSE, organismo que a su vez asegura tener el respaldo de la Organización Panamericana de la Salud para hacer un proceso electoral que no acelere contagios de Covid-19.

Los líderes parlamentarios, ambos del MAS, están incluidos en la demanda porque la fecha electoral fue fijada por una ley, en cumplimiento de un acuerdo político tras la crisis de fines de 2019, cuando el expresidente Evo Morales fue derrocado y reemplazado por la mandataria de facto Jeanine Áñez.

En las elecciones de marzo serán elegidos para un período de cinco años los gobernadores, asambleístas y otras autoridades de los nueve departamentos y los alcaldes y concejales de los más de 300 municipios del país. (APFMercosur)